La jornada escolar continua incrementa las desigualdades


Jesús María Sánchez Herrero

Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)

Los representantes de las asociaciones de padres y madres del alumnado no deseamos la confrontación con el profesorado por culpa de los diferentes criterios que tenemos sobre la jornada escolar. En CEAPA siempre hemos entendido que el bienestar del profesorado y la dignificación de la profesión docente es también el bienestar de nuestros hijos e hijas. Y creemos que familias y profesorado tenemos que trabajar juntos.

Reconocemos la legítima aspiración de los profesionales de la Educación a una jornada laboral más reducida. No nos oponemos a que el profesorado, en el marco de su negociación colectiva, logre una jornada escolar sólo de mañana.

En CEAPA siempre distinguimos entre la jornada laboral del profesorado, la lectiva del alumnado, y el horario de apertura de los centros educativos. Estas tres jornadas no tienen por qué coincidir. De esta manera, el profesorado podría tener una jornada de mañana, el alumnado mantener la de mañana y tarde, y los centros educativos permanecer abiertos durante un periodo más prolongado de tiempo para el aprovechamiento de sus instalaciones y recursos por parte de los escolares y del resto de ciudadanos y ciudadanas.

El problema se suscita cuando un sector del profesorado cree que el camino más corto para alcanzar sus objetivos es modificar también la jornada del alumnado, para que éste tenga sólo clase por la mañana, sin pensar en las consecuencias formativas que esta medida tendrá para los menores. Es ahí donde encuentran la oposición de las federaciones territoriales de AMPAS y de CEAPA.

Salvo en casos en los que estaría justificado por encontrarse en zonas rurales de difícil acceso u otras características socioeconómicas particulares, nos oponemos a la jornada escolar continua.

En las comunidades autónomas donde está implantada la jornada continua está decisión ha sido irreversible, en ningún caso ha mejorado el rendimiento escolar del alumnado, no se han cumplido los compromisos que se adquirieron para su establecimiento (van desapareciendo comedores, el transporte se reduce limitando la participación en actividades extraescolares, se cierran los centros por las tardes…), y la situación de los niños y niñas con más necesidades educativas y sociales empeora.

La jornada continua tiene más inconvenientes: las clases son más cortas, por lo que el profesorado dispone de menos tiempo para impartir su materia; la falta de tiempo obliga a éste a encargar más deberes al alumnado, y hay muchos padres que no pueden ayudar a sus hijos con los estudios, porque no tienen la formación adecuada; muchas familias se ven impulsadas a acudir a clases particulares, mientras que otras no pueden afrontar económicamente estos apoyos externos. Este tipo de jornada agranda las desigualdades sociales.

Por todo ello, consideramos que la jornada continua no contribuye en absoluto a combatir el fracaso escolar, supone un recorte en el derecho a la educación de los niños y niñas, y un retroceso para la educación pública. Este tipo de jornada es un obstáculo para eliminar las desigualdades sociales.

Es cierto que en muchos centros educativos los padres han votado por el cambio de horario, muchas veces desinformados sobre sus consecuencias pedagógicas, con información facilitada por el profesorado, que tiene una mayor capacidad de influencia y medios que las organizaciones de padres y madres. El profesorado hace creer a las familias que la jornada continua puede mejorar la educación de los niños y les presenta proyectos incompletos, con información que no se puede contrastar, no avisan de los inconvenientes de este modelo para los alumnos, ni de la postura de los expertos o de las confederaciones y federaciones de AMPAS. Y mientras las familias creen estar hablando de un tema educativo, en realidad los docentes están defendiendo una mejora de sus condiciones laborales.

Es un error que la Administración delegue en las familias la responsabilidad de decidir el horario laboral de los maestros de sus hijos. Por esta razón cada curso hay tantos enfrentamientos en las escuelas. Y muchas familias quieren evitar la confrontación con el profesorado.

Creemos que los sindicatos deberían combinar la protección de los intereses del profesorado con la defensa firme y contundente de un servicio educativo público y de calidad. Nos tememos que forzando a que el alumnado tenga jornada escolar continua algunos representantes sindicales están tirando piedras contra su propio tejado, contra nuestro tejado, que es el mismo, el de la escuela pública; están fortaleciendo a la escuela concertada, que mayoritariamente disfruta de jornada partida, y a la que huirán muchas familias que temen un recorte en la calidad de la educación y dificultades para conciliar su vida laboral y familiar.

La mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, planteadas desde la racionalidad, la oportunidad y la pertinencia, son coherentes con la mejora del servicio educativo público. Pero, y parafraseando un texto recientemente publicado por Afilalapiz (un colectivo de profesores por la innovación pedagógica), estos sindicatos deberían “trabajar para que la sociedad no tenga razones para identificar sus propuestas sindicales como planteamientos para la desidia profesional, como la vía para alcanzar privilegios, la obtención de posiciones de dominio o cualquier otra clase de logros que desnaturalizan y modifican de hecho los valores que deben informar un servicio público”.

jornada-continua-marzo-2011

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