por Informe GEM |
Aunque la mayoría de los países reconocen el derecho a la educación en leyes internacionales y nacionales, el cumplimiento del derecho a la educación está lejos de ser una realidad. Por ello, hemos lanzado una campaña para garantizar que el derecho a la educación sea aplicable en países de todo el mundo. Los ciudadanos deben poder recurrir a la justicia si sus gobiernos violan este derecho. De lo contrario, se carece de un mecanismo vital para la rendición de cuentas.
El Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) muestra que todavía hay 264 millones de niños y adolescentes que no van a la escuela, y que normalmente se excluye a las niñas en primera instancia. Los refugiados, migrantes y desplazados internamente que escapan conflictos, desastres naturales o penurias económicas enfrentan enormes desafíos en relación con el acceso a la educación. Como indica nuestra base de datos WIDE, otros grupos marginalizados, como los niños de orígenes indígenas o minoritarios, o los desfavorecidos económicamente, también siguen enfrentando obstáculos a su derecho a la educación. La falta de acceso a, y las violaciones de, el derecho a la educación son el resultado de prácticas discriminatorias, de salvaguardas legales débiles, de una mala ejecución de las políticas, y de presupuestos inadecuados por parte de los gobiernos. Leer más de esta entrada