El Constitucional rechaza el veto del Gobierno a la propuesta del PSOE para paralizar la LOMCE

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Congreso de los Diputados en el conflicto de atribuciones presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy para pedir que se anulase la paralización del calendario de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el Parlamento empezó a tramitar pese a la disconformidad del Ejecutivo. La decisión del Tribunal, que ha desestimado el escrito de disconformidad del Gobierno, no solo abre la vía a que la oposición recurra los casi 70 vetos que ha impuesto al Ejecutivo con el argumento de que las propuestas del resto de partidos suponen una desviación presupuestaria. También ha provocado fricciones entre el PP y La Moncloa.

La Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación parlamentaria de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios. En opinión del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, el Gobierno no ha subrayado suficientemente ese argumento en su escrito de disconformidad. En consecuencia, el también integrante de la dirección nacional ha pedido “argumentaciones más sólidas” en futuros escritos contra iniciativas de la oposición.

“Lo que confirma la sentencia es que el Gobierno tiene capacidad constitucional para vetar determinadas iniciativas”, ha dicho Hernando durante una rueda de prensa en la Cámara Baja. “Argumenta que en este caso no se justificó adecuadamente el gasto”, ha seguido. “Le pido al Gobierno que en próximas veces haga argumentaciones más sólidas”.

“Es un correctivo muy importante para el Gobierno”, ha opinado la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles. “Esto va a dar oxígeno a la legislatura”, ha añadido.

A la vista de la sentencia, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha confiado en que el PP y Ciudadanos “cesen en el empeño de paralizar los debates” de leyes de la oposición y en concreto ha pedido a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que debata en el Pleno su proposición de ley sobre las pensiones a la mayor brevedad posible.

“La sentencia no solo sienta un precedente, sino que le da un tirón de oreja al Gobierno del señor Mariano Rajoy para que no se extralimite en sus funciones en cuanto a vetos o paralizaciones de proyectos de ley, que no teniendo acepción presupuestaria, intentan, a través de esta herramienta constitucional, ejercer un poder de gobierno a la antigua usanza”, ha asegurado la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez.

Sin embargo, la Mesa del Congreso ha avalado precisamente este martes, y gracias a la mayoría que forman PP y Ciudadanos, dos vetos presentados por el Gobierno a una proposición sobre la ley de aguas y a otra sobre discapacidad, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/17/actualidad/1523973190_033050.html

Sin Educación Infantil pública en un tercio de los distritos de Valencia

Los padres de las zonas sin oferta pública sólo podrán elegir centros privados y optar a una subvención que depende de la renta

J. BATISTAVALENCIA.

El aumento de las plazas gratuitas para niños de dos años en Valencia capital, una de las principales novedades del próximo curso, no se traducirá en una oferta uniforme, según se desprende de la información recopilada por Ciudadanos en base a las diferentes alternativas que sustentan esta iniciativa. En total, hay siete u ocho distritos dependiendo de lo que suceda con el centro de Mestalla -un tercio del total- que carecerán de esta opción, lo que ha llevado al portavoz Fernando Giner a criticar «la ausencia de criterio» en la planificación.

En los últimos años las plazas gratuitas en el primer ciclo de Infantil se limitaban a los centros de titularidad de la Generalitat, algo más de una treintena en toda la Comunitat. Con la llegada del Consell del Botánico se inició un proyecto para dotar a algunos colegios públicos de aulas de dos años sin coste más allá del comedor, lo que ha servido para ir ampliando los puestos, aunque ligeramente. El próximo septiembre habrá diez en total, tres de ellas de nueva creación (Ceips San José de Calasanz, 103 y Horno de Alcedo).

Sin embargo, el curso que viene, el último de la legislatura, se dará un impulso mucho mayor a la iniciativa pues todas las escuelas infantiles de titularidad municipal (sean de gestión directa o indirecta) ofertarán sus plazas de dos-tres años en régimen de gratuidad. Será la Conselleria de Educación la que pagará el coste íntegro del puesto través del bono infantil, la ayuda pública autonómica. Hasta ahora, pese a ser más económicas que las privadas, también suponían un desembolso mensual para las familias. En síntesis, Valencia dispondrá de una tacada de once centros municipales con plazas gratis.

Contando la oferta a través de estas tres vías y su distribución, se extrae que siete de los 19 distritos municipales (el 36%) carecerán de plazas de dos años sin coste: Ciutat Vella, Extramurs, el Ensanche, Zaidía, Benimaclet, Jesús y Pobles de L’Oest.

En Pla del Real la situación es dudosa, pues no se sabe si el curso que viene estará operativa la escoleta de Periodista Ros Belda. En cualquier caso una vez abierta formará parte de la oferta gratuita. El centro fue construido con cargo al plan Confianza y no se llegó a abrir, por lo que el Ayuntamiento optó por ceder la gestión a la Conselleria de Educación junto a la guardería de Massarojos. Mientras que esta sí ha sido recepcionada por el Consell, la primera todavía no ha llegado a esa fase, de ahí la incertidumbre.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, destacó que «la oferta de educación infantil no tiene ninguna lógica ni racionalidad en la ciudad», y alertó de que «existen escuelas propiedad del Ayuntamiento próximas donde además se incorporan aulas de 2 a 3 años de centros de la conselleria, por lo que se crea una concentración de oferta pública que no guarda coherencia y no resuelve las necesidades».

También criticó la «nula coordinación» entre Ribó y Marzà al dejar a buena parte de la ciudad sin oferta pública. Cabe recordar que el anuncio de la gratuidad en las guarderías municipales lo lanzó la conselleria en noviembre mientras que el arreglo escolar, de donde se extrae la creación de unidades de dos años en colegios públicos, es posterior. De hecho aún no se ha aprobado, aunque no variará (en todo caso aumentarán las plazas). De ahí la crítica de Giner, en el sentido de que se podría haber planificado de una manera más coordinada.

Cheque universal de Cs

Por último, el portavoz apostó por la implantación de un cheque universal que facilite la escolarización en el tramo de cero a tres años que cubriría el coste de la plaza en el centro que eligieran los padres. «El objetivo es que en Valencia sea fácil ser padre o madre y trabajar», dijo.

Las familias de los distritos sin plazas gratuitas tienen a su disposición centros privados, los que durante décadas han prestado el servicio. Las tres patronales (Feceval, Acade y Salvem) se han mostrado críticas con su exclusión en esta iniciativa, pues se abogaba por implantar la gratuidad aprovechando la infraestructura ya existente. En este caso los padres pueden optar al bono infantil que, en función de la renta, subvenciona parcialmente la plaza. En años anteriores, con el importe máximo (para rentas precarias) y el cheque escolar se podía alcanzar.

También existe la opción de pedir plaza en los centros de los otros distritos, aunque será complicado entrar si quedan fuera de sus áreas de influencia a efectos de admisión. Lo lógico es que en las escuelas municipales las familias residentes en estas sumen más puntos que las de fuera, tal y como se recoge en las normas de admisión autonómicas que deben respetar los municipios. Desde el Ayuntamiento no confirmaron ayer si los distritos de escolarización serán los mismos para el primer ciclo o cambiarán.

http://www.lasprovincias.es/comunitat/educacion-infantil-publica-20180417235301-ntvo.html

Los profesores exigen a Marzà menos niños por aula en Infantil

UGT y CC OO reclaman 5, 10 y 15 alumnos de 0 a 3 años de edad frente a la ratio actual de 8, 13 y 20 pequeños por clase

Victoria Bueno 17.04.2018 | 05:11

Los representantes del profesorado en los sindicatos de UGT y CC OO coinciden en exigir a la conselleria que dirige Vicent Marzà una significativa reducción del número de niños por aula entre las clases de Infantil para los niños más pequeños de 0 a 3 años de edad.
 

La actual ratio que fija 8 niños de 0 a 1 año, 13 niños de 1 a 2 años y 20 niños de 2 a 3 años en las aulas del primer ciclo de Infantil, quieren los docentes que se reduzca sensiblemente a 5, 10 y 15 alumnos por aula respectivamente.

La delegada de CC OO en l’Alacantí, Mada Macià, recuerda que hace quince años un mismo educador atendía a 14 niños de dos años en la misma aula, por lo que la actual conselleria está dando pasos atrás en la calidad de la enseñanza porque «exponen que en las escuelas infantiles se podrán matricular ahora hasta 20 niños por aula para un solo educador».

Por eso, de entrada, este sindicato lo que reclama es la vuelta a las ratios de 2003, mientras que desde UGT añaden que los cambios introducidos en la normativa la «constriñen y limitan», por lo que demandan «un tutor por cada grupo de alumnos, con refuerzos y apoyos necesarios» que explicitan en al menos dos educadores más por cada escuela. «Tampoco cuentan legalmente las Escuelas Infantiles de la Generalitat con reducciones de ratio por alumnado que presenta necesidades educativas específicas, ni tampoco reciben personal de apoyo adicionales en tales situaciones», critican los delegados de UGT, que exigen «una orden que contemple las necesidades reales de esta etapa educativa y mejore la actual».

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/04/17/profesores-exigen-marza-ninos-aula/2010028.html

Educación ordena a 13 colegios públicos que cambien de nombre por contravenir la Ley de Memoria Histórica

La lista incluye a los ministros Villar Palasí y Vicente Mortes, al general Urrutia, al doctor Rosat y a Primo de Rivera padre e hijo

Rafel Montaner València 17.04.2018 | 10:20

La Conselleria de Educación ha ordenado a 12 colegios públicos y una Escuela Infantil municipal que cambien de nombre porque su actual denominación «contraviene» la Ley de Memoria Histórica.

Se trata de los seis colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de València, SaguntQuart de PobletPaternaBurjassot y Orihuela dedicados a José Luis Villar Palasí, ministro valenciano de Educación de la dictadura (1968-1973) y padre de la reforma educativa que dio lugar a la Educación General Básica (EGB).

La lista también incluye tanto el colegio dedicado al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en Callosa de Segura, como el de Crevillent que lleva el nombre de General Primo de Rivera, padre del anterior y dictador que gobernó España entre 1923 y 1930, año en el que falleció en el exilio en París.

Otros nombres a retirar son los del Cap i Casal entre 1969 y 1973. Sin salir de València, la «escoleta» General Urrutia del ayuntamiento que preside Joan Ribó también deberá cambiar de nombre. Gustavo Urrutia, oficial implicado en la conspiración militar contra la República se sublevó en Zaragoza el 18 de julio de 1936, fue hasta 1953 capitán general de València.

El listado concluye con los dos colegios José María Paternina de Calp y Daya Nueva . Este oficial del Ejército del Aire que se sumó al golpe del 18 de julio fue gobernador civil de Alicante entre 1944 y 1948.

Con la instrucción remitida a estos 13 centros docentes públicos, el departamento del conseller Vicent Marzà cumple el mandato de las Corts que ordena a la conselleria a que se dirija a los centros educativos públicos «que aún tienen nombre de persona, lugar o hecho que esté relacionado con el levantamiento militar de 1936 (sic), la guerra civil y/o la represión de la dictadura franquista» para que sustituyan estos nombres en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Esta resolución fue iniciada por una proposición no de ley presentada en enero por el PSPV.

Reacciones en contra

El cambio de denominación se debe hacer por acuerdo del Consejo Escolar de centro y el Consejo Escolar municipal. Hace dos años el Consejo Escolar del CEIP Primo de Rivera de Callosa se opuso por 18 votos en contra y solo uno a favor.

El claustro y el Ampa del CEIP Villar Palasí de Sagunt también rechazan el cambio. «Aunque es el nombre de un ministro franquista, su legado educativo ha sido muy importante, fue el promotor de la mejor ley de educación que se ha hecho nunca, la EGB, por lo que creemos que merece ser recordado», dijo a Levante-EMV el director del centro a finales de 2017.

Por otro lado, más de 200 catedráticos y juristas han suscrito una carta en la que piden al Consell que no borre a Villar Palasí de los colegios. Entre los firmantes destacan el jurista valenciano Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y del Constitucional; Fernando Ledesma, magistrado del Supremo y ministro de Justicia de Felipe González; así como los rectores de la Universidad de Salamanca y de la San Pablo CEU de Madrid.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/04/17/educacion-ordena-13-colegios-publicos/1705133.html